La ausencia de una autoridad que vigile el cumplimiento de la ley, la corrupción policial —con el perdón de la multa a través de la mordida—, la falta de registros oficiales de conductores y vehículos o las diferencias entre los reglamentos de cada Estado complican la circulación de un país en el que la expedición del carnet de conducir es competencia municipal, cuesta unos 36 euros y no requiere la aprobación de ningún examen teórico ni práctico.
Según datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), el año pasado murieron en México 14.016 personas por siniestros relacionados con el tráfico. En los últimos años, las cifras de muertos en carretera son similares e incluso superiores a los homicidios relacionados con el crimen organizado —en los primeros nueve meses de 2011 la Fiscalía contabiliza un total de 12.903 asesinatos del narcotráfico—. Sin embargo, el asunto no es percibido como un problema prioritario, tal y como apunta el profesor Chías. “La población considera que los accidentes de tránsito son aleatorios y, por tanto, inevitables. Hay otros problemas más visibles y que se llevan más recursos, como los niveles de inseguridad”, y añade: “La prevención ha sido asumida por un único departamento del Gobierno, el de Salud, y no puede ser tarea exclusiva de un sector”.
En este sentido, el CONAPRA trabaja desde el año pasado en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, que tiene como objetivo reducir en un 50% los muertos por accidentes de tráfico a lo largo de esta década, período declarado como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El doctor Arturo Cervantes Trejo, director general de Promoción de la Salud del Gobierno Federal asegura que para el Ejecutivo es un problema de primera magnitud desde 2007 y se muestra convencido de lograr la reducción en tan solo cinco años, haciendo descender el número de muertes “un 10% anual”. Desde su despacho en la capital mexicana y rodeado de gráficas que evalúan la situación nacional y de trípticos de las campañas del departamento, Cervantes Trejo reconoce que una de las claves para mejorar la situación es que la policía “ejerza su labor de vigilancia y control”. “La falta de reconocimiento que esta tiene frente a los ciudadanos es un impedimento. En ocasiones la gente la percibe como lo peor del país”. El director general cree fundamental también avanzar hacia la tolerancia cero en conductas de riesgo, ya que el 90% de los accidentes está relacionado con la ingesta de alcohol y el exceso de velocidad. “El 13,6% de los que se ponen al volante los fines de semana lo hace habiendo bebido más de lo permitido”, aunque las tasas de alcohol en sangre autorizadas varían según la legislación de cada Estado.
El año pasado murieron en México más de 1.000 niños de entre 5 y 14 años, tramo de edad en el que los accidentes viarios constituyen la primera causa de muerte y orfandad, por lo que el Gobierno trata de poner el foco en la educación desde la infancia. Acciones como la creación de un parque temático para niños o campañas divulgativas en escuelas con el piloto de Fórmula 1 Sergio, Checo, Pérez trabajan en esta dirección.
Además, según los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), alrededor de 22,5 millones de vehículos, el 74,% de los que circulan en México, lo hacen sin una cobertura de responsabilidad civil. Esta no es obligatoria más que en 14 de las 32 entidades federativas del país. Los legisladores mexicanos trabajan en la implantación de un seguro para proteger a las víctimas de los accidentes, pero hasta la fecha la Cámara de Diputados no ha conseguido ponerse de acuerdo para su aplicación nacional. Organismos como AMIS o la delegación mexicana de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial vienen reclamando desde hace tiempo su puesta en vigor.
La responsable de la entidad que aglutina a los afectados por los accidentes de tráfico en México, Alma Chávez Guth, apunta en conversación telefónica que “el expedir licencias de conducción con gran facilidad es un factor de riesgo” y aboga por modificar el sistema y exigir un examen, también para los servicios de transporte público. En las calles del Distrito Federal no es extraño ver conduciendo un autobús a un joven que apenas acaba de cumplir la edad mínima obligatoria para manejarlo.
Chávez Guth reconoce que la homogeneización del reglamento es complicada porque cada Estado “es libre y soberano”, pero el organismo que coordina ha elaborado un programa nacional de seguridad vial con propuestas concretas, como unificar las tasas de alcohol en sangre, establecer una licencia por puntos o elaborar un registro de todos los conductores: “Actualmente uno puede matar a alguien borracho con su coche, perder el carnet de conducir y sacarse otro en el municipio vecino que le sirve para volver a la carretera”. Para esta mujer, representante de las víctimas de la violencia vial, es necesario crear conciencia para avanzar en un sistema de justicia para los afectados, que desde el año 2000 son más de 160.000 muertos y alrededor de 400.000 personas con discapacidad permanente. Cifras que bien podrían ser las de una guerra. Otra más.
